La Corte Suprema de Justicia del Paraguay deberá decidir si un vecino de San Lorenzo (Daniel Vargas Télles), que solicitó a sus autoridades municipales saber cuántos funcionarios estaban contratados, qué hacían y cuánto ganaban puede acceder a esa información o si entregarla menoscaba la intimidad de esos funcionarios.
Este es el primer caso sobre acceso a la información pública que resolverá la Corte y ha sido llevado adelante por la Defensoría del Pueblo con el patrocinio de los abogados del Instituto de Derecho y Economía Ambiental - IDEA.
Dado la trascendencia que tendrá para el Paraguay y la región, la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información –coalición de la academia y las más prestigiosas organizaciones de todas las Américas que promueven la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información y de la que IDEA forma parte- ha decidido intervenir activamente.
Durante el mes de diciembre, los miembros de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información se presentarán ante la Corte bajo la figura del Amicus Curiae (“Amigo del Tribunal”); esto es, como expertos que ilustrarán al más alto tribunal paraguayo sobre el estado del arte en la materia por tratarse de un caso de trascendencia colectiva e interés general.
La Alianza Regional se ha interesado en este caso porque la decisión de la Corte Suprema paraguaya será un test regional sobre la aplicabilidad de la decisión que la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó en septiembre de 2006 en el caso “Claude Reyes vs. Chile” y en la cual sostuvo que el Art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos) protege el derecho de toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado.
Esta presentación no tiene antecedentes en la historia judicial del Paraguay y será uno de los primeros ejemplos en el Cono Sur de colaboración regional de organizaciones de la sociedad civil para promover un derecho humano a nivel local.
Se presentarán como “amigos del tribunal”, el Open Society Justice Initiative (USA, global) y las organizaciones miembros de la Alianza: Acción Ciudadana (Guatemala), Asociación de Periodistas de El Salvador (El Salvador), Asociación Nacional de la Prensa – ANP (Bolivia), Asociación por los Derechos Civiles – ADC (Argentina), Centro de Archivos y Acceso a la Información – CAInfo (Uruguay), Comité por la Libre Expresión – C-Libre (Honduras), Consejo Nacional de Periodismo – CNP (Panamá), Fundación Democracia Sin Fronteras (Honduras), Fundación Institucionalidad y Justicia (República Dominicana), Due Process of Law Foundation (USA), Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP (Colombia), Fundación Prensa y Democracia – PRENDE (México), Fundación Pro-Acceso (Chile), Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social – FUSADES (El Salvador), Fundación Violeta Barrios de Chamorro (Nicaragua), Fundamedios (Ecuador), Instituto Prensa y Libertad de Expresión – IPLEX (Costa Rica), Instituto Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Nicaragua), Instituto Prensa y Sociedad – IPYS (Perú), Participación Ciudadana (República Dominicana), Transparencia por Colombia (Colombia), Trust for the Americas (OEA), así como algunos integrantes del Comité Consultivo de la Alianza, integrado por: Eduardo Bertoni (Director del Centro de Estudios de Libertad de Expresión - CELE, Universidad de Palermo), Rigoberto Ochoa (Representante ante las NNUU para Guatemala y Honduras en DDHH), Juan Pablo Olmedo (Presidente del Consejo por la Transparencia de Chile), Carlos Pimentel (Director del Área de Transparencia de participación Ciudadana, Rep. Dominicana), Roberto Saba (Decano de Derecho de la U. de Palermo) y Ernesto Villanueva (Titular del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UNAM).
Para IDEA es un orgullo que las organizaciones y académicos miembros de la Alianza Regional hayan considerado a este caso como un verdadero leading case que contribuirá a consolidar la democracia en el Paraguay y el derecho de acceso a la información en la región.
