El próximo jueves 25 de febrero, organizaciones de todas las Américas se presentarán ante la Corte Suprema en calidad de Amigos del Tribunal (mecanismo de participación procesal regulado por la Acordada 479 del 9 de octubre de 2007), a fin expresar su opinión fundada sobre el caso “Defensoría del Pueblo vs. Municipalidad de San Lorenzo” que el máximo tribunal de justicia se apresta a resolver.
En este juicio, la Defensoría del Pueblo cuestiona la constitucionalidad de una decisión del Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala 5ta, que había negado el derecho constitucional (Art. 28) del señor Vargas Telles a informarse sobre quiénes son los funcionarios que trabajan para la Municipalidad de San Lorenzo, qué funciones desempeñan y cuánto ganan.
El Tribunal, integrado por los jueces Carmelo A. Castiglioni, Linneo Ynsfrán Saldívar y Fremiort Ortíz Pierpaoli, había considerado que si el señor Vargas Telles accedía a esta información se estaría menoscabando el derecho a la intimidad de los funcionarios de la comuna sanlorenzana. El Tribunal había sostenido, además, que no se advertía qué daño le causaba al señor Vargas Telles no acceder a esta información.
La Asociación Instituto Prensa y Libertad – IPLEX de Costa Rica, la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP de Colombia, la Fundación Pro-Acceso de Chile, Fundamedios de Ecuador, el Instituto Prensa y Libertad – IPYS de Perú y la Fundación para las Américas de la OEA, todas estas organizaciones que forman parte de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información, junto con el Instituto para la Sociedad Abierta (Open Society Institute), de George Soros, con sede en New York, Estados Unidos, informarán por escrito a la Corte Suprema sobre cuál es el estado del arte en materia de acceso a la información alrededor del mundo y, en particular, en las Américas, cuál es la importancia del derecho de acceso a la información pública en la consolidación del proceso democrático y para el control de la gestión pública y por qué acceder a la información sobre las funciones que desempeñan cada uno de los funcionarios públicos y cuánto ganan no menoscaba el derecho a la intimidad de éstos.
El caso Defensoría del Pueblo vs. Municipalidad de San Lorenzo es el primero que resolverá una Corte Suprema latinoamericana luego del fallo Claude Reyes vs. Chile, por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el derecho de acceso a la información pública (información que obra en poder del Estado) es un derecho fundamental de todas las personas, ya que permite el ejercicio de otro derecho fundamental y pilar de los sistemas democráticos, la libertad de expresión.
Debido a la trascendencia para la vida institucional de la República, este caso será resuelto por todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que, excepcionalmente, integrarán la Sala Constitucional.
La decisión que tome la Corte Suprema de Justicia marcará, a futuro, los contornos y el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información pública (Art. 28), uno de los pocos derechos constitucionales sobre los cuales el Congreso Nacional aún no ha legislado. Además de la importancia que tendrá para el Paraguay, este caso podría constituirse en un referente regional para la consolidación del derecho de acceso a la información y la calidad de la democracia latinoamericana en un momento histórico en el que las libertades individuales sufren fuertes embates.
Luego de la presentación ante la Corte Suprema, los representantes del Open Society Institute, Darian Pavli, y de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información, Karina Banfi y Moisés Sánchez, brindarán una conferencia de prensa en la Sala de Prensa del Palacio de Justicia (9AM).
Para mayor información, contactar a María del Mar Zavala (mar.zavala@idea.org.py) y/o Ezequiel F. Santagada (ezequiel.santagada@idea.org.py), responsables del proyecto “Centro y Ventanas de Acceso a la Información Pública”. Instituto de Derecho y Economía Ambiental – IDEA, Asunción, Paraguay. Tel/Fax (595-21) 614-619/20.
