El jueves 25 de febrero de 2010, las organizaciones miembros de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información se presentaron ante la Corte Suprema del Paraguay en calidad de Amigos del Tribunal, (Amici Curiae) a fin expresar su opinión fundada sobre el caso “Defensoría del Pueblo vs. Municipalidad de San Lorenzo” que la Corte Suprema debe resolver.
En este juicio, la Defensoría del Pueblo cuestiona la constitucionalidad de una decisión del Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala 5ta, que había negado el derecho del señor Daniel Vargas Telles a informarse sobre quiénes son los funcionarios que trabajan para la Municipalidad de San Lorenzo, qué funciones desempeñan y cuánto ganan.
Como integrantes de la Alianza Regional se presentaron 10 organizaciones de las Américas: la Asociación Instituto Prensa y Libertad – IPLEX de Costa Rica, la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP de Colombia, la Fundación Pro-Acceso de Chile, Fundamedios de Ecuador, el Instituto Prensa y Sociedad – IPYS de Perú y la Fundación para las Américas. A título personal, hicieron lo propio Juan Javier Zeballos, director ejecutivo de Asociación Nacional de la Prensa – ANP de Bolivia, Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso legal – DPLF (sigla en inglés) de Estados Unidos, Álvaro Herrero director de Asociación por los Derechos Civiles – ADC de Argentina y Edison Lanza, director ejecutivo del Centro de Archivos e Información – CAINFO de Uruguay.
Junto con la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información, también se presentó como Amigo del Tribunal el Open Society Institute – OSI con sede en New York, Estados Unidos. Las organizaciones paraguayas Centro de Información y Recursos para el Desarrollo – CIRD, el Centro de Estudios Judiciales – CEJ y Semillas para la Democracia se adhirieron a las presentaciones de la Alianza Regional y de OSI.
Los Amigos del Tribunal informaron por escrito a la Corte Suprema sobre la relevancia de derecho del acceso a la información pública en las Américas y sobre cómo este derecho fundamental resulta particularmente importante para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos de gobierno.
El caso “Defensoría del Pueblo vs. Municipalidad de San Lorenzo” será el primero que, sobre el tema, deberá resolver la Corte Suprema del Paraguay. Además, es uno de los primeros casos que resolverá una Corte Suprema latinoamericana luego del fallo “Claude Reyes vs. Chile” emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006, en donde se estableció que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental de todas las personas, ya que permite el ejercicio de otro derecho fundamental y pilar de los sistemas democráticos, la libertad de expresión.
Cabe destacar que es la primera vez que en el Paraguay se presentan organizaciones internacionales bajo la figura del Amicus Curiae para dar su opinión ante la Corte Suprema. Además, este caso será resuelto por todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que integrarán en pleno la Sala Constitucional. Esta situación en el Paraguay es excepcional, sólo se da ante casos de gran trascendencia institucional o interés público.
El derecho de acceso a la informacion es una herramienta para la participación democrática, la transparencia y el respeto de los derechos sociales, civiles y politicos.
Aún el Paraguay no cuenta con una ley de acceso a la información pública. Por este motivo, la decisión que tome la Corte Suprema tendrá una importancia clave para el ejercicio futuro de este derecho por parte de todos los paraguayos y será una referencia obligada cuando se analicen casos similares en la región.
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La Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información es una coalición que reúne 24 organizaciones líderes en materia de libertad de expresión y acceso a la información de Latinoamérica y Estados Unidos. Esta iniciativa continental facilita la ejecución de actividades de intercambio y fortalecimiento institucional en políticas y prácticas de transparencia gubernamental y derechos civiles en libertad de expresión, de prensa y acceso a la información.
