“Se lucraba con las DDJJ. Una de las cosas que logró la publicación de las DDJJ es cortar con ese negocio. ¿Qué hacía ese negocio? Permitía la violación sistemática del artículo 283 de la Constitución Nacional, que le encarga a la Contraloría General de la República hacer dictámenes de correspondencia (...). ¿Y qué hacían? Prostituían ese mandato constitucional. Perverso era”, lamentó Santagada.
OBSTÁCULOS. Agregó que los políticos buscan sistemáticamente “poner obstáculos al control ciudadano”. “Tenemos que estar alertas, porque si no podemos hacer cruzamiento de datos, si no podemos chequear ni corroborar lo que está volcado ahí (en las DDJJ) no habrá control ciudadano y va a seguir en el oparei absolutamente todo”, dijo.
El abogado insistió en que ahora tienen que ser públicos los registros públicos. “Parece una sinrazón lo que estoy diciendo, pero los registros públicos no son públicos, al menos que uno sea abogado o escribano y pague. Es una locura”, cuestionó Santagada.
También reiteró que el registro de beneficiarios finales debe ser público para que el control sea completo.
“A eso es a lo que se van a oponer, esa es la próxima batalla, porque eso es lo que va a permitir el cruzamiento de datos y el control ciudadano efectivo. Esto va por etapas, nos negaban la información pública, conseguimos la ley de información pública, nos negaban las declaraciones juradas, conseguimos las declaraciones juradas”, recordó el abogado.
Se lucraba con las declaraciones juradas. Una de las cosas que logró la publicación de las declaraciones juradas es cortar con ese negocio.
Si no podemos corroborar lo que está volcado ahí (en las DDJJ) no habrá control ciudadano y va a seguir en el oparei. Ezequiel Santagada, abogado.
