Temen que nuevo proyecto de ley favorezca al desmembramiento de más bosques

En cuanto al veto total del Poder Ejecutivo a la ley de transferencia de 1.700 hectáreas de Marina Cué, el director Ejecutivo del Instituto de Derecho y Enonomía Ambiental (IDEA) refirió que junto con un grupo de organizaciones sí están a favor del veto, y que de hecho hicieron campaña para que se concrete.

Pero, recordemos que además del veto, se anunció un nuevo proyecto de ley que pretende expropiar 800 hectáreas que supuestamente forman parte de una superficie que ya esta deforestada y que lo estuvo antes de la ley de deforestación cero.

El problema, según explicó Santagada, es este nuevo proyecto de ley, que “En principio parece razonable, pero tenemos antecedentes de desmembramiento por ejemplo en el asentamiento La amistad de la zona de San Rafael, que es una cuña que entra dentro del área protegida San Rafael”.

“Con imágenes satelitales se puede ver como eso se desafectó, se creó la colonia del asentamiento La Amistad y toda la zona circúndate al asentamiento empezó a ser microdeforestada. Así es como se degrada el bosque y a la larga se termina clareándolo”, reclamó Santagada.

Para el entrevistado, un área protegida tiene que tener un área de amortiguamiento. “Poner asentamientos humanos o productivos al lado de un área productiva tiene sus conflictos, porque no hay capacidad del Estado para aplicar la ley en forma efectiva, por lo que a largo plazo, se termina degradando el área circundante”, detalló Santagada.

Criticó que con el proyecto de ley que acaba de ser vetado “se parcelaban bosques básicamente”.

Estado sin capacidad de control

Sostuvo que el estado no tiene capacidad de controlar, y contó que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) tiene un presupuesto “menor a 1 millón de dólares para áreas protegidas de todo el país”. Añadió que además hay falta de guardaparques, no se cuenta con tecnología ni con vehículos.

Protección, solo en papeles

Haciendo una crítica contundente, dijo que las áreas protegidas solamente son tales en los papeles, “porque la única protección que tiene nuestros bosques es cuando faltan caminos. Donde hay caminos empieza la depredación de la naturaleza; lastimosamente es así, no hay capacidad de aplicación de la ley”, aseveró.

Lamentó que “pomposamente”, declaramos en el art 7 de la Carta Magna que el derecho a un ambiente saludable es fundamental, pero no lo cumplimos. “Está regulado en el mismo capítulo que la vida (el derecho al ambiente) pero todo derecho cuesta dinero y lo que invertimos al derecho a un ambiente saludable en Paraguay son míseros 10 millones de dólares. Eso y la nada es casi lo mismo”, criticó Santagada.

En conclusión, sobre el nuevo proyecto de según de ley, expresó que “habría que analizarlo muy bien, tendría que haber amortiguamiento de las zonas boscosas”.

Deforestación y periodo electoral

Reconoció que el acceso a la tierra también es un derecho que debe protegerse y es prioritario, pero, se preguntó: “¿tiene que ser precisamente en este lugar donde hay tanta cantidad de tierras que pueden estar perfectamente destinadas a la agricultura y ganadería? La pregunta pasa por ahí, es una zona repleta de marihuanales y en una época preelectoral. Los picos de deforestación se dan en época preelectoral, y eso se puede verificar con estudios que hizo la WWF”, aseguró.

Afirmó que cuando se habla de deforestación ilegal, de financiamiento ilícito de la política y de narcopolítica, “son tres cosas que están íntimamente relacionadas”. “No podemos entenderlo de manera aislada, es parte de mismo patrón de corrupción sistémica que lastimosamente hay en el país”, apuntó.

Finalizó diciendo que es real que “hay una situación social delicadísima que tiene que ser atendida, pero no a costa de los bosques”.