Asunción, 15 de diciembre de 2022
El 16 de diciembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitirá su fallo en el caso de Santiago Leguizamón, periodista asesinado en 1991 y por quien su familia, junto con las organizaciones que le representan, luchan por la memoria, verdad y justicia.
El crimen contra Leguizamón sigue impune, junto con otros 18 casos de homicidios perpetrados por motivos vinculados con la labor periodística. Además, cientos de casos en los que periodistas, comunicadores y/o trabajadores de prensa han sido coaccionados para dejar de informar, también permanecen en total impunidad.
Desde hace años, desde diferentes sectores de los medios de comunicación se viene reclamando la aprobación de una ley que los proteja. En el contexto actual, marcado por un clima de amenazas a la libre labor de la prensa, es necesario avanzar en un proyecto de ley que cree mecanismos para proteger el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación, además de dotarle al Ministerio Público la competencia para intervenir a favor de las víctimas.
En septiembre de este año, el comunicador Humberto Coronel fue asesinado en la ciudad de Pedro Juan Caballero; él denunció haber recibido amenazas de muerte, situación que evidencia la necesidad de que existan mecanismos preventivos que actúen, especialmente cuando se trata de periodistas que, por el lugar donde trabajan y el tipo de periodismo que ejercen, se encuentran en una situación de alto riesgo.
Además de este doloroso hecho, es de conocimiento público la persecución judicial a un periodista y a la dirección de un medio de comunicación por difundir información pública sobre una exfuncionaria y sobre asuntos relacionados con su gestión pública. Las conductas punibles como la difamación, la calumnia y la injuria, aún vigentes en Paraguay a través del Código Penal, son absolutamente incompatibles con el Art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Art. 26 de la Constitución de la República.
Cabe resaltar que todos estos hechos de violencia perpetrados contra periodistas no hacen más que imponer una autocensura en los mismos, y en los medios donde trabajan, afectándose así el derecho de las personas a recibir información de interés público.
IDEA está comprometida en desplegar acciones que fomenten un entorno libre y seguro para el periodismo de investigación. Es así que, desde agosto de 2021, conforma la mesa técnica sobre el anteproyecto de Ley de seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos que se encuentra en estudio en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.
Además de IDEA, integran la misma, organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado que trabajaron a lo largo de todo este tiempo en aportar comentarios y sugerencias de modificaciones al anteproyecto y unificarlos con el fin de poder presentarlo oficialmente ante la Cámara de Senadores para su posterior tratamiento.
Conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia, en el mes de abril de este año se realizó el Seminario Internacional “Hacia un marco jurídico de protección a periodistas y defensores de derechos humanos del Paraguay” que contó con la presencia de destacados panelistas; y donde se colocó en la agenda pública la imperiosa necesidad de contar con un marco jurídico adecuado. Fueron abordados temas relacionados con la seguridad de los periodistas, la violencia contra ellos y los mecanismos de protección
Es así que, en septiembre de éste año, IDEA entregó de forma oficial a la Comisión de Derechos Humanos del Senado el documento que contenía sus aportes, basados en principios de derechos humanos e instrumentos internacionales que regulan la materia. Los aportes de IDEA fueron realizados con el generoso apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia en el marco del proyecto “Fortalecimiento del derecho a la libertad de expresión en Paraguay”.
Paraguay necesita contar con un marco de protección de forma urgente. Tenemos la esperanza de que los trabajos desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado, otras instituciones del Estado y la sociedad civil continúen y logren el consenso suficiente que derive en un proyecto que pueda, de forma expedita, ser aprobada por ambas Cámaras del Congreso.
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