Querella a periodistas es parte de un ataque sistemático a la libertad de expresión, afirma Santagada

Esta mañana habló con ABC el abogado Ezequiel Santagada en relación a los procesos judiciales que se llevan en contra de la directora de ABC, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano. Estas causas fueron abiertas por parte de la exviceministra de Tributación del gobierno de Cartes, Marta González –quien recientemente reconoció haber firmado una resolución que autorizaba que ella cobre también las multas percibidas por la institución–, y el exsenador Dionisio Amarilla –quien perdió la investidura por presunto tráfico de influencias–.

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Santagada señaló que esta es una estrategia para acallar a la prensa, porque el mencionado periodista no soporta una querella, sino dos, en menos de un año. “Porque se sintieron ofendidos por publicaciones no sobre la vida privada de Marta González o Dionisio Amarilla (...) Ellos se sintieron afectados por publicaciones que tenían que ver con cuestiones de interés público que hacían a las funciones de estas personas, todo (...) Por otra parte, basado en información pública, como el famoso caso de Amarilla que terminó perdiendo la investidura”, expresó.

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Agregó que estos procesos se realizan a sabiendas de que los estándares de los Derechos Interamericanos establecen que no debe utilizarse el derecho penal para perseguir a comunicadores, a periodistas, cuando de cuestiones públicas se trata. Aclaró que el único estándar en el que se puede considerar este hecho es en caso de que se pueda probar la real malicia, que consiste en el conocimiento de que lo que se está publicando es falso y con intenciones de causar un daño a la persona afectada. “No prueba de verdad en este caso”, aseveró.

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En ese contexto, afirmó que si se inician procesos judiciales por cada opinión periodística, se va a estar coartando la libertad de expresión todo el tiempo, porque cada causa iniciada afecta a un periodista. “Tener que contratar abogados, eventualmente ser condenado, sobre todo en este país donde sabemos que lastimosamente la Justicia está influenciada políticamente y que los argumentos, que son lo único que deberían valer en un tribunal, son cuestiones casi decorativas, porque las decisiones están tomadas previamente”, resaltó.

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Aseguró que esto no es nada nuevo, sino parte de un manual que consiste en un ataque sistemático a la licencia de la libertad de expresión. “Yo espero que la Justicia, por el bien de la democracia, frene esto", opinó y aseguró que ya no se debe despersonalizar esta situación y cuidar las instituciones para evitar que se utilicen para la censura en plena democracia.

Antecedentes

Cabe recordar que la querella por parte del exparlamentario Amarilla fue presentada en mayo del año pasado, por supuesta calumnia, difamación e injuria, luego de que el periodista denunciara un intento de soborno para frenar publicaciones sobre irregularidades en la licitación para la compra de seguridad para el IPS. A su vez, Marta González, exviceministra de Tributación, presentó una querella en contra de Lezcano en setiembre pasado. El caso fue elevado a juicio oral y público, en el marco del cual la exfuncionaria pública solicitó un resarcimiento “por daños” de más de US$ 1.400.000.

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Las publicaciones que molestaron a González hacen referencia a un contrato entregado por la SET de US$ 3 millones al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) durante la gestión de González Ayala, que se llevó a cabo sin competencia, porque supuestamente esta institución era la única con la competencia que se necesitaba; sin embargo, esta empresa terminó tercerizando el servicio que le fue concedido por la administración de González. Asimismo, según refiere el propio sitio web del CIAT, Marta González Ayala ingresó como miembro del consejo directivo de dicha organización en mayo de 2014, nueve meses después de haber asumido como titular de Tributación.