La lucha por el acceso a la información pública en Paraguay es larga, agotadora y agobiante.
Las batallas han sido muchas. Todas tienen como héroes y heroínas a ciudadanos que con paciencia lograron derribar los muros para que la luz ingrese a las oscuras administraciones públicas que se negaban a mostrar las cuentas porque se sabría quiénes se enriquecieron bajo el abrigo de las sombras. En este largo proceso fue clave la sociedad, algunos políticos y jueces que el contexto histórico optaron por unirse al clamor ciudadano.
El inicio de la batalla la inició en el 2007 Daniel Vargas, quien reclamó información sobre los salarios de los funcionarios municipales de San Lorenzo. La Comuna se negó a proveer información y por ello recurrió a los estrados judiciales. Y aquí se dio la primera primavera de la transparencia, cuando la Corte Suprema se pronunció a favor 5 años después y con ello abrió la puerta para acceder a la lista de funcionarios públicos y sus salarios. A partir de ese fallo, las instituciones públicas publican las nóminas en sus sitios webs.
La información pública es un derecho constitucional consagrado en el artículo 28, pero recién en 2014 se pudo reglamentar el acceso a la información pública. Esta discusión llevó 10 años.
El abogado Ezequiel Santagada, uno de los artífices de esta gesta, habla de la segunda primavera democrática refiriéndose a la histórica decisión de la Corte Suprema de Justicia de publicitar las declaraciones juradas. Algunos diputados, encabezados por el mismísimo presidente de la ANR, Pedro Alliana, hicieron un último intento coercitivo para evitar la sentencia que desnudaría sus corrupciones.
Una semana después, la Contraloría, publicó las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas entre 1988 y 2017 de los citados cargos: Presidente y vicepresidente de la República, senadores y diputados, gobernadores, concejales departamentales, intendentes y concejales municipales, ordenadores de gasto de todas las instituciones del Estado. También los ministros del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, directores y consejos paraguayos de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá.
A UN CLICK DEL ESPANTO. El miércoles 24 la Contraloría abrió la compuerta y el torrente informativo de las declaraciones inundó las redes sociales y dominó el debate político y ciudadano.
En un primer momento, Horacio Cartes fue tendencia porque si bien se sabía que es millonario (compró la ANR para ser presidente de la República), las especulaciones iban a desaparecer para dar paso a la certeza de su patrimonio, o al menos lo que declaró oficialmente al asumir en el 2013. La monumental cifra no pudo pronunciarse en guaraníes. Entonces lo tradujeron a dólares: 200 millones.
La lista siguió con los sospechosos de siempre: “Óscar González Daher lidera el ránking con aumento de patrimonio de 4.600% ; “El patrimonio de Nicanor se disparó en cargos públicos”; “Zacarías Irún aumentó exponencialmente su patrimonio”, “Federico Franco amasó más de G. 1.300 millones en un año”, “Diputado Salinas dio un giro espectacular a su economía”; “Ferrer, de heladero a millonario”,” y así sucesivamente los medios citaban los casos más escandalosos. Como protagonistas principales los colorados y como actores secundarios los liberales, ratificando la perversa alianza azulgrana de corrupción e impunidad.
¿Y AHORA QUE? Aún espantados e indignados por los datos sobre los millonarios patrimonios, los ciudadanos se preguntan qué pasará ahora que las declaraciones juradas confirman todas las sospechas. Que la política es el camino más corto para volverse millonario a costa del empobrecimiento del país. Que cada cifra que engorda la cuenta bancaria o cajas fuertes escondidas la contracara son los índices de pobreza, la pésima educación y la paupérrima salud pública que hoy hace agua con una pandemia.
Este tsunami informativo debe encontrar su cauce en las instituciones. Que la Contraloría deje de ser un mero fichero documental y haga los exámenes de correspondencia de las declaraciones juradas de bienes y rentas para detectar las inconsistencias y derivarlas a la Fiscalía. Tampoco el Ministerio Público puede eludir su responsabilidad porque tiene la potestad de iniciar procesos cuando las evidencias son muy notorias.
Ganadas las contiendas de la transparencia, ahora se viene la madre de todas las batallas, la más dura y la más difícil: Desenmascarar a los corruptos, demostrar su culpabilidad en base a los documentos que ellos mismos firmaron y llevarlos presos, previa devolución de lo todo lo robado.
Porque la transparencia no se agota en saber cómo, cuánto y quienes se enriquecieron con los recursos públicos.
Debe haber castigo no solo como imperio de la ley sino como Justicia.
