Cobrando sueldos, funcionarios públicos reciben subsidio de Ñangareko

sábado, 23 de mayo de 2020

El subsidio de G. 500.000 para personas en situación de extrema pobreza alcanzó a por lo menos 121 funcionarios públicos que siguen cobrando sus salarios normalmente. El Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) realizó el cruce de información pública y confirmó estos datos que incluso podrían ser mucho más amplios, debido a que un 43% de los organismos y entidades del Estado no están al día con la entrega de sus datos a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El programa “Apoyo para la Seguridad Alimentaria Ñangareko” fue una de las primeras acciones del gobierno de Mario Abdo en el marco de la Ley de Emergencia Nacional por la pandemia del Covid-19. En el artículo 3 del Decreto 3495, se establece que los funcionarios públicos (permanentes y contratados) estaban exceptuados de este beneficio, ya que seguirían percibiendo sus haberes con normalidad.

Sin embargo, a través de la investigación realizada por IDEA se encontró coincidencia en el listado de Ñangareko y las bases de datos del Ministerio de Hacienda y de la Secretaría de la Función Pública en 121 ocasiones, 12 de ellos son permanentes y los otros 109, son funcionarios contratados. Es decir que estas personas además de seguir cobrando sus sueldos en las distintas entidades públicas a las que pertenecen, también recibieron los G. 500.000 de subsidio.

Entre este listado 76 personas perciben más de G. 1.100.000 mensuales, los demás serían funcionarios de menor rango, con ingresos inferiores a este monto. Todos ellos se exponen a sanciones de índole penal.

La lista completa de estos funcionarios con sus datos y las instituciones a las cuales pertenecen fue entregada por IDEA a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) para su investigación correspondiente. El número de expediente es 9399, y cualquier ciudadano interesado puede hacer el seguimiento correspondiente.

El Gobierno está completando las transferencias de subsidios de Ñangareko. Según el portal Rindiendo Cuentas (https://www.rindiendocuentas.gov.py) ya se entregaron 259.663, de los 330.000 previstos. Las medidas correctivas deben ser tomadas cuanto antes para evitar que en estas 70.000 transferencias restantes no se le transfiera también a personas que no deberían recibir este apoyo, según la ley de emergencia.

Claros indicios de clientelismo político

Si bien hay varios casos de funcionarios del Ministerio de Salud Pública y de agentes de la Policía Nacional, entre los casos detectados se puede ver que la mayoría son funcionarios de gobiernos municipales con relativamente bajos salarios. Estos habrían visto “complementados” sus ingresos con un cobro indebido, muy posiblemente alentado o tolerado por las autoridades locales, revelando la vigencia del esquema de clientelismo político tan arraigado en el país.

Daniel Eskibel, psicólogo y consultor político uruguayo, afirma que “el clientelismo político es la utilización abusiva del poder del Estado para lograr votos a favor del partido de gobierno. Los ciudadanos pasan entonces a ser clientes y entregan su voto a cambio de favores: un puesto de trabajo, una canasta de alimentos, materiales de construcción, dinero en efectivo y todo lo que la imaginación gubernamental pueda concebir”.

El clientelismo se da cuando hay cualquiera de estos tres factores: desigualdades extremas de poder político, económico y cultural; amplios sectores viviendo en la pobreza y la marginalidad; y/o debilidades de las instituciones públicas.

Aunque en el listado aparecen cinco funcionarios con salario declarado menor a G. 300.000, una suma a todas luces vergonzosa, existen otros casos en los que solo en el mes de marzo percibieron G. 21 millones y al mes siguiente, se inscribieron para percibir este subsidio para personas en situación de extrema pobreza. O el caso de funcionarios con años de antigüedad trabajando en altas dependencias estatales que también se apoderaron de una ayuda en detrimento a personas realmente vulnerables.

Control estatal deficiente

Este hallazgo demuestra que hubo cierto grado de negligencia en la asignación del subsidio: si se hubieran aplicado medidas adecuadas de control interno por parte del Estado se podría haber impedido estos hechos de corrupción. Todos los datos que utilizó el equipo de IDEA para esta investigación son públicos y están en formato de datos abiertos; esto es, a este resultado bien podría haber llegado el Estado.

¿Cuál es la posible explicación? Que estos casos fueron detectados con las nóminas de funcionarios más recientes entregadas a la SFP y no se lo pudo detectar antes porque las instituciones públicas no habían entregado en tiempo y forma dichas nóminas.

Al ser abiertos, estos datos están a disposición de la ciudadanía y cualquier persona interesada en comprobar estos casos o en investigar otros, vinculados al control y seguimiento de los gastos públicos, puede hacerlo con mínimos conocimientos informáticos.

En la página de la SFP podemos ver cuantas y cuales son las instituciones que cumplen con su deber de entregar periódicamente su información.

Lista podría aumentar

De hecho, hay unas 177 instituciones públicas de diversos niveles, incluidas las binacionales Itaipú y Yacyreta, que no entregan o tienen retrasos significativos en publicar y entregar a la SFP las nóminas de salarios. De estas, 33 son municipalidades, lo que indica que la situación realmente puede ser peor. La ley 5189/14 establece sanciones de multa para esos casos de incumplimiento; sin embargo, no se conocen casos en las que se haya aplicado tales multas.

Por otra parte, en lo que a nóminas de funcionarios se refiere, según la Ley 5282/14 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, esa información debe publicarse dentro de las obligaciones de transparencia activa de las entidades del Estado y es la SENAC la encargada de velar porque esas obligaciones se cumplan.

Así, si las instituciones que no están entregando y haciendo públicas sus nóminas de funcionarios lo hicieran es muy probable que podrían detectarse más casos de funcionarios que han cobrado irregularmente el subsidio Ñangareko.

En los últimos meses se vio un creciente involucramiento ciudadano en la investigación y denuncia de este tipo de hechos de corrupción que sin duda se acentuará si el Estado exige a todas las instituciones públicas que cumplan con la Ley 5282, de Acceso a la Información Pública, entregando de manera sistemática la información correspondiente. El Estado cuenta con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), una dependencia con capacidad de crear y desarrollar plataformas de sistematización permanente de los datos. Incluso se podría alentar al involucramiento de la ciudadanía desarrollando sistemas de cruzamiento de datos automatizados y/u online. Teniendo estas herramientas, difícilmente se hubiera pagado el subsidio de manera injusta a este más de centenar de personas.