El 15 de octubre de 2013, cuando la Sala Constitucional ampliada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que la información sobre los salarios de los funcionarios de la Municipalidad de San Lorenzo era pública y, ese mismo día, también decidió publicar todos los salarios de los funcionarios del Poder Judicial, se inició un proceso pro-transparencia que al poco tiempo se conoció como la “primavera de la información”.
Saltaron a la luz casos emblemáticos de corrupción (“Perlita”, “Caseros de oro” y “Niñera de oro”) en los que finalmente se recuperó el dinero malhabido y, luego de años, incluso dos legisladores perdieron su investidura. También, en el marco de esta “primavera”, se logró la sanción y promulgación de la ley de acceso a la información. Ésta, a su vez, llevó a descubrir otros casos de corrupción (“UNA no te calles” y destitución de los ex Contralor y Subcontralora General de la República).
Como en 2013, el pasado 11 de junio, la Sala Constitucional ampliada de la CSJ volvió a tomar una resolución histórica a favor del derecho de acceso a la información y la transparencia: las declaraciones juradas de bienes y rentas que el artículo 104 de la Constitución ordena presentar a los gobernantes y funcionarios al asumir y dejar el cargo, son información pública en los términos del artículo 28 de la misma Constitución y de la ley 5282 de acceso a la información.
Esta resolución se tomó en medio de una alta crispación política. En efecto, dos días antes, el 9 de junio, la Cámara de Diputados había dado sanción a un proyecto de ley que despenalizaba el falseamiento de las declaraciones juradas. No contentos con eso, 29 de los diputados que habían votado a favor de la despenalización se presentaron ante la CSJ solicitando tomar intervención en el expediente para impedir que se dictara una resolución que, estimaban, sería favorable a la publicidad. Esa presentación se hizo en abierta violación al artículo 248 de la Constitución que impide a los miembros de otros poderes tomar intervención en los juicios que se dirimen en el Poder Judicial.
El mismo 11 de junio, antes de resolver que las declaraciones juradas de bienes y rentas son información pública, la Corte rechazó por su notoria improcedencia la solicitud de intervención de los 29 diputados. El 15 de junio, el Presidente de la República vetó el infausto proyecto de ley de despenalización del falseamiento de las declaraciones juradas. Finalmente, hoy 18 de junio, el Senado aceptó ese veto y con ello cerró toda posibilidad de que se convierta en ley.
Con estas decisiones, nos aprestamos a vivir una nueva etapa en el control ciudadano contra la corrupción. Como dijeron los ministros de la CSJ, las declaraciones juradas públicas son una herramienta “para evaluar la honestidad de los que tienen la obligación de administrar los bienes de la ciudadanía” (Ramírez Candia) y “la publicidad, una característica esencial e inherente al sistema republicano” (Llanes). Hoy, la ciudadanía cuenta con una nueva herramienta para controlar a los mandatarios. Si a partir de 2013 pasó lo que pasó en la vida institucional de la República, imaginemos lo que podrá ocurrir ahora. Depende de nosotros. Depende de cuánto nos involucremos en el control.