Unificación de registros públicos, ¿maniobra política para facilitar la impunidad o interés real de dar seguridad jurídica?

lunes, 20 de julio de 2020

Esta mañana se celebró una “cumbre de poderes” en el Palacio de López. Se abordaron dos temas. Uno obvio, la reactivación económica por la pandemia del Covid-19; el otro no tanto, la fusión de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) y del Servicio Nacional de Catastro.

Sobre este último tema se viene hablando desde por lo menos 2014. Es una iniciativa que a priori parece razonable. El objetivo es superar una situación anómala: que haya dos registros públicos de la propiedad inmueble y que sean dependientes de dos distintos poderes del Estado; situación que debilita la protección del derecho de propiedad.

Sin lugar a duda, se trata de una cuestión importante pero que ha venido siendo sistemáticamente evadida. ¿Por qué se reflotarla justamente ahora?

Ensayemos una respuesta: en la reconfiguración institucional de los registros públicos se juega precisamente la mayor o menor publicidad de sus registros. Y esta mayor o menor publicidad está ligada a la posibilidad de mayor o menor control ciudadano de la corrupción.

En un momento en el que se están haciendo públicas las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República de las últimas dos décadas, la facilidad o dificultad de acceso ciudadano a los registros públicos está directamente vinculada a la efectividad del control ciudadano de la corrupción política.

Un amplio y fácil acceso a los registros públicos facilitaría el control de lo declarado y eso, obviamente, facilitaría descubrir varios de los bienes “escondidos” por los corruptos y saber si falsearon o no la declaración de bienes que suelen ser de alto valor económico, los registrables. 

Ese es el motivo por el cual el pasado 15 de junio de 2020, el Contralor General de la República, Camilo Benítez Aldana, solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acceder a la base de datos de la  DGRP y de la Dirección de Registros Automotores (DRA), dependientes de la CSJ, para facilitar “concluir el dictamen de correspondencia y proporcionar en forma oportuna el resultado de la actividad de control que se efectúa a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas”.

Si realmente se pretende optimizar el funcionamiento de los registros públicos debe despejarse la duda sobre si este súbito interés por modificar el statu quo responde a un intento del poder político de asegurarse que los registros públicos no sean nunca públicos. De esta manera seguirá habiendo dificultades de hecho para acceder a la información sobre asientos registrales.

Esto ocurre en un momento en el que la lectura fina de decisión de la Corte sobre publicidad de las declaraciones juradas del pasado 11 de junio, da pie para impulsar la publicidad de los asientos registrales y facilitar el control ciudadano de la corrupción.

Se sabía que la publicidad de las declaraciones juradas implicaría un antes y un después en las relaciones de poder entre mandantes y mandatarios. Es una etapa en la que la ciudadanía debe mostrar -quizá más que nunca- que controla de cerca la gestión de los recursos públicos y el patrimonio de quienes los administran, a fin de prevenir y detectar todo tipo de maniobras corruptas. Es momento de acabar con la impunidad en Paraguay.