El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón, anunció hoy su intención de que los casos de Hugo Portillo contra Banco Central del Paraguay y de Daniel Vargas Téllez contra el Tribunal Superior de Justicia Electoral, sean decididos por el pleno de la Corte, ambos sobre acceso a la información pública. Con esto se estaría siguiendo la tradición de la propia Corte de que estos casos sean decididos por la totalidad de sus integrantes como ya ocurrió en octubre de 2013 y en junio de este año.
En el primer caso, se discute si es constitucional o no que el BCP impida el acceso a la totalidad de una resolución tomada por su Directorio, ni siquiera los fundamentos, alegando para ello el secreto bancario.
En el segundo, se discute principalmente los alcances de la gratuidad establecida en la ley de acceso a la información y si, por lo tanto, es constitucional o no condenar en costas al solicitante de información pública cuando actúa de buena fe.
Este anuncio de Martínez Simón surgió hoy durante la reunión de los ministros de la Corte con gremios de abogados, en respuesta a María Esther Roa de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), quien el pasado 20 de agosto presentó una nota expresando la preocupación ciudadana por estas dos causas.
Los casos son llevados adelante por la Clínica Jurídica de Acceso a la Información Pública de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), con apoyo del departamento jurídico de IDEA.