Hace unos días, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) publicó la lista de temas priorizados a ser financiados en 2020 con los fondos del proyecto “Agenda Digital”, que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En esa lista figuraba la “Digitalización del Registro Civil” por un monto de USD 4.000.000. El financiamiento para esta digitalización había sido solicitado en junio de 2019 por la Dirección General del Registro Civil.
De inmediato, varias personas advirtieron que esa digitalización ya se debería haber realizado con fondos del mismo BID en el marco de un proyecto ejecutado por la Organización de Estados Americanos (OEA) –préstamo Nº 934/OC-PR (BID-MJT) de 2004 para la promoción del programa de fortalecimiento del Registro Civil-. Ese proyecto ya había sido auditado en 2006 por la Contraloría General de la República (CGR), que había detectado algunas irregularidades (ver https://www.contraloria.gov.py/index.php/actividades-de-control/informes-de-auditoria/file/1527-informe-final-res-cgr-n-1942-06-ministerio-de-justicia-y-trabajo-prestamo-934-oc-pr-bid-mjt). También surgieron evidencias de que hasta el año 2016 se hablaba de avances en la digitalización del archivo del Registro Civil.
Cuando esta situación tomó estado público, se conoció que el MITIC había solicitado informes y una auditoría técnica al Registro Civil en junio de este año y que en respuesta a eso, el Registro Civil había manifestado en agosto que “(…) buscando en el archivo de la Dirección General, solo hemos encontrado algunas notas en relación a desperfectos y/o mantenimientos del Sistema de Gestión Registral (SGR), durante el periodo de tiempo solicitado, pero no se ha encontrado nada que haga relación a la digitalización de las actas (…)”.
Como consecuencia de todo esto, el pasado 7 de septiembre, la Ministra de Justicia Cecilia Pérez, informó al MITIC que “(…) se hace necesaria una exhaustiva auditoría en relación a estos puntos en la Dirección General del Registro del Estado Civil (…)”, institución que depende del Ministerio de Justicia.
En respuesta a esto, el 8 de septiembre el MITIC respondió que “teniendo en consideración la falta de información relevante que permita avanzar con el apoyo solicitado y en consonancia con la postura asumida por la Institución a su digno cargo, desde esta Cartera de Estado se ha tomado la decisión de suspender la ejecución del proyecto, hasta tanto se cuente con los antecedentes de manera clara y precisa, así como con el informe de auditoría, y de esta forma sea posible realizar el análisis técnico pertinente que otorgue a la ciudadanía la certeza de un trabajo transparente que asegure tanto el proceso como el resultado del proyecto sean de utilidad y provecho para los beneficiarios (…)”.
Es así como con información pública y control ciudadano se evitó que se gastaran 4 millones de dólares por un trabajo que ya debería haberse realizado. Como consecuencia de la auditoría que se llevará a cabo, o bien deberá “encontrarse” la información “perdida”, o bien deberán identificarse a los responsables de haber perdido información que le costó millones de dólares al Estado paraguayo.
Desde IDEA destacamos la rápida reacción de los ministros de Justicia y de Tecnologías de la Información y Comunicación. Sin embargo, exhortamos a que la auditoría que se llevará a cabo incluya a la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) y a la Contraloría General de la República, abriendo, asimismo, espacios de participación ciudadana con referentes de la comunidad técnica y de organizaciones que trabajan en la lucha contra la corrupción.
Asimismo, instamos a que todo el proceso sea absolutamente transparente, publicándose los distintos documentos a medida que se vayan generando. Dada la extrema importancia que tiene la digitalización de las actas del Registro del Estado Civil para garantizar el derecho a la identidad y la seguridad jurídica, el proceso de auditoría deberá iniciarse cuanto antes y deberá imprimírsele toda la celeridad del caso.
Finalmente, alentamos a toda la ciudadanía a que siga ejerciendo su derecho de acceso a la información para fortalecer la participación ciudadana. Reafirmamos que es la única forma de acabar con la corrupción, que tanto daño ha hecho a este país, y de lograr una mejor administración de los recursos públicos.