El último expresidente de la República y el actual vicepresidente fueron designados por el gobierno de los Estados Unidos de América por estar involucrados en “corrupción significativa”.
El gobierno de Estados Unidos efectuó estas designaciones en aplicación de su propia ley, puntualmente la sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones sobre Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado de 2022. Esta norma contiene una disposición anti-cleptocracia en el marco de la asistencia directa gobierno a gobierno y está a tono con los compromisos asumidos por los países que tienen o pretenden tener democracias sólidas y que brinden prosperidad a sus pueblos.
Tanto la República del Paraguay como Estados Unidos son signatarios de la Convención Americana sobre Lucha contra la Corrupción, por lo que han entendido que “la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”; que “la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio” y que “la corrupción tiene, en algunos casos, trascendencia internacional, lo cual exige una acción coordinada de los Estados para combatirla eficazmente”.
El mismo día que se efectuaba la primera designación, la calificadora de riesgo Moody’s elevaba la perspectiva económica de Paraguay de estable a positiva, dejando al país muy cerca del “grado de inversión”, calificación que podría atraer una significativa inversión extrajera y mejorar las posibilidades de desarrollo sostenible del país. Días después, también se anunciaba que Paraguay no caería en la “lista gris” de GAFILAT.
La corrupción condiciona nuestras posibilidades de crecimiento. No alcanzamos el grado de inversión por “riesgos de gobernanza” (Moody’s) y “relativamente débiles derechos de participación en el proceso político; baja capacidad institucional, aplicación desigual de la ley y altos niveles de corrupción” (Fitch).
Esta aplicación desigual de la ley (impunidad) y los altos niveles de corrupción han llegado a un punto en el que, como país, nos hemos convertido en una amenaza para otros. Ese es el motivo por el cual el gobierno de otro país menciona como corruptos a quienes deberían haber sido investigados y eventualmente condenados por la justicia paraguaya.
Paraguay se encuentra en una coyuntura crítica que requiere cambios serios. De las reacciones institucionales que se tomen en los próximos días dependerá de que estas designaciones sean vistas dentro de un tiempo como el inicio del fin de la impunidad o como una oportunidad perdida para combatir al crimen organizado infiltrado en la política. Y en esa coyuntura se juega el futuro de todos nosotros.